Conoce los derechos de los pueblos indígenas aprobados por la Convención

Varias normas que reconocen los derechos territoriales de los pueblos y naciones indígenas fueron aprobadas en el pleno de la Convención y ya pasaron al borrador de la nueva Constitución. En este informe preparado por el Observatorio Ciudadano y publicado en la plataforma Contexto, te entregamos más detalles. 🤓

Informe de Controversias: “Tierras, Territorios y Recursos de Pueblos y Naciones Indígenas en la nueva CP”

Las normas aprobadas por el Pleno de la Convención Constitucional relativas a los derechos de los pueblos y naciones indígenas, incluyen: 

el derecho que estos pueblos y naciones tienen sobre sus tierras, territorios y recursos. 

Las mismas normas establecen que la propiedad de las tierras indígenas tendrían especial protección y que el Estado debe establecer instrumentos para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución, identificando a esta última como el mecanismo preferente de reparación. 

Además, se incluye el derecho de estos pueblos y naciones a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado u ocupado  y que se encuentran en sus territorios, así como el derecho a  la protección del territorio marítimo y de las aguas ubicadas en territorios indígenas.

A continuación compartimos las normas aprobadas por el Pleno  de la CC en esta materia:

Artículo 5 (Comisión de la Democracia)

Los pueblos y naciones indígenas preexistentes y sus miembros, en virtud de su libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. 

En especial, tienen derecho a la autonomía y al autogobierno, a su propia cultura, a la identidad y cosmovisión, al patrimonio y la lengua, al reconocimiento de sus tierras, territorios, la protección del territorio marítimo, de la naturaleza en su dimensión material e inmaterial y al especial vínculo que mantienen con estos, a la cooperación e integración, al reconocimiento de sus instituciones, jurisdicciones y autoridades propias o tradicionales y a participar plenamente, si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

Artículo 21: Derecho a las tierras, territorios y recursos (Comisión Derechos Fundamentales)

  • El Estado reconoce y garantiza conforme a la Constitución, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos.

  • La propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. El Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución.

  • La restitución constituye un mecanismo preferente de reparación, de utilidad pública e interés general.

  • Conforme a la constitución y la ley, los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado u ocupado, que se encuentran en sus territorios y sean indispensables para su existencia colectiva.

Artículo 4 (Comisión Medio Ambiente)

 Foto: Freepik

  • La Constitución reconoce a los pueblos y naciones indígenas el uso tradicional de las aguas situadas en autonomías territoriales indígenas o territorios indígenas. Es deber del Estado garantizar su protección, integridad y abastecimiento, en conformidad a la Constitución y la ley.
  • A ello se agregan los artículos aprobados referidos a las autonomías territoriales indígenas. En estas autonomías indígenas se reconocen a estos pueblos derechos políticos sobre aquellos territorios que, de conformidad a la ley, sean declaradas como tales.

Argumentos

Las normas sobre derechos de pueblos y naciones indígenas sobre las tierras, territorios y recursos han generado fuerte  preocupación en los sectores conservadores representados en la CC, así como en representantes de centros de estudios  afines a estos.   Así por ejemplo la convencional Ruth Hurtado, de Chile Libre  señaló que con la aprobación de esta norma “…queda expreso que esta Constitución es indigenista y separatista, que entrega más derechos y más privilegios a los pueblos indígenas por sobre el resto de todos los chilenos”.

En la misma línea el convencional Manuel José Ossandón (Ind. RN) junto con cuestionar los términos amplios de la norma aprobada sobre tierras indígenas, agregó que esta norma estaría  generando en la nueva Constitución “un traje a medida para los mapuches respecto de una materia que es por sobre todo legal.”

Haciendo eco de estas críticas Felipe Harboe (Col. Apruebo) sostuvo que se opuso a esta norma por cuanto ella haría de esta una  “constitución identitaria, y menos en que la propiedad tenga mayor o menor protección en razón de etnia o religión”.

Otra de las críticas formuladas apuntan al carácter expropiatorio de las normas aprobadas y a que con ellas se legitimará la violencia  y usurpación de tierras en parte importante del territorio del país que en el pasado fue indígena.

Así, Pablo Fuenzalida,  investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP) sostuvo que  con esta normativa se identifica la restitución de tierras indígenas como una causa de utilidad pública “… de modo tal que la legislación sobre expropiación no pueda desconocer esa causal expropiatoria.”

Arturo Zúñiga, Convencional de UDI en tanto, expresó que “esto implica que el 80% de nuestro territorio y las familias que viven en él podrán ser desalojadas de sus hogares ya que están en territorio que hace 200 años fueron territorio indígena”.

Derecho a la propiedad

Son muchos los argumentos que cabe esgrimir frente a las críticas a las normas aprobadas en la materia.  Por de pronto frente a la preocupación de que se abre la puerta a la expropiación para hacer efectiva la restitución por causa de utilidad pública de las tierras indígenas, cabe señalar que esta vía ya había sido propuesta por la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato creada por el Presidente Lagos hace ya dos décadas (2003). Ello a objeto de evitar el pago de precios excesivos por las tierras indígenas adquiridas por el Estado a través de CONADI vía mercado.   

La expropiación, además, es regulada en el borrador de nueva Constitución a través de un artículo que dispone que  nadie puede ser privado de su propiedad, sino en virtud de una ley de expropiación por causa de utilidad pública o interés general.

La expropiación, además, es regulada en el borrador de nueva Constitución a través de un artículo que dispone que  nadie puede ser privado de su propiedad, sino en virtud de una ley de expropiación por causa de utilidad pública o interés general. La misma norma agrega que el propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado, y que el pago deberá efectuarse de forma previa a la toma de posesión material del bien expropiado (artículo 20 Comisión Derechos Fundamentales).

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