De las alrededor de 2500 iniciativas populares de norma que se presentaron a la CC, sólo 253 hicieron referencia a personas migrantes, de pueblos originarios, pueblo tribal afrodescendiente y personas con discapacidad. Las personas mayores y en condición de refugio no lograron apoyos ciudadanos ¿Qué nos dice esto sobre el proceso constituyente y cómo podemos mejorar?
El proceso constituyente ha sido una oportunidad inédita para la participación ciudadana en la redacción de la nueva Constitución. La instancia de Iniciativas Populares de Norma (IPN) fomentó la presentación de propuestas ciudadanas sobre diversos temas de interés. Cerrado el proceso, el primero de febrero, se contabilizaron un total de 2.496 iniciativas presentadas; de ellas, 253 corresponden a Grupos Históricamente Excluidos (GHE), es decir, solo un 10%. Y de esas 253, 235 no consiguieron ingresar a la Convención al no conseguir los 15 mil patrocinios mínimos que el mecanismo exigía para que la iniciativa se discutiera. Solo 18 lograron los apoyos.
Hay que destacar que, por GHE nos referimos a aquellos que por razones estructurales no logran acceder a espacios de toma de decisión y tienden a ir quedar marginados de ellos: a mujeres, niños, niñas y jóvenes; personas migrantes; personas de pueblos originarios y pueblo tribal afrodescendiente; personas con discapacidad, personas privadas de libertad.
En detalle, los grupos que no lograron los apoyos necesarios en ninguna de sus IPN presentadas fueron: personas mayores, personas migrantes y personas en condición de refugio y solicitantes de refugio, y personas chilenas residentes en el extranjero. Mientras que el GHE que presentó menor cantidad de IPN fue el Pueblo Tribal Afrodescendiente, pero, a la vez, fue el que logró la mayor tasa de ingreso al debate constitucional. Por otro lado, de los tres grupos que consiguieron mayor cantidad de IPN con apoyos necesarios, el de las personas en situación de discapacidad y personas sordas presentó 51 IPN y consiguieron ingresar 3.
Estas cifras refuerzan la necesidad de dar visibilidad a los grupos históricamente marginados en los debates de interés público, poniendo especial énfasis en los derechos que les deben ser reconocidos por las condiciones estructurales desfavorables que han determinado su desarrollo y bienestar.