Si bien los artículos referidos a los derechos de las personas a la movilidad humana fueron rechazados en el Pleno, la Convención tiene una nueva oportunidad para aprobar estos derechos por una sociedad más inclusiva y respetuosa con las personas migrantes.
Han sido semanas para celebrar los logros alcanzados en la Convención Constitucional en cuanto a los derechos sociales. El Pleno ha aprobado derechos fundamentales para la dignidad y el buen vivir de las personas y sus comunidades. Eso nos mantiene con el horizonte puesto en que el plebiscito de salida dará paso a un nuevo texto constitucional más inclusivo y diverso como cimientos para la sociedad que queremos construir.
Uno de los derechos fundamentales que deben quedar consagrados en la nueva Constitución es el derecho a migrar. Los derechos de las personas a la movilidad humana son esenciales para llevar adelante una política en derechos humanos respetuosa de sus condiciones de habitabilidad, laborales, proyectos de vida, individuales y familiares, educativos, entre otros derechos básicos.
El derecho a migrar, el derecho al asilo y el principio de no devolución, promoverán una migración en línea con los estándares internacionales de derechos humanos, respetando sus experiencias vitales. Con esto se fomentará una migración ordenada y ajustada a los tratados internacionales para que el ingreso de extranjeros se haga de manera regular.
Si bien estos artículos fueron rechazados en el Pleno el lunes 18 de abril y deberán volver a la comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía, sabemos que la Convención tendrá una nueva oportunidad para votarlos y plasmar sus posiciones apegadas a los principios de los derechos humanos.
“Es fundamental comprender que la nueva Constitución debe avanzar hacia el enfoque de derechos y el respeto de las personas en situación de movilidad humana al incorporar el derecho a migrar en su articulado, lo cual no sólo visibilizaría la experiencia vital de quienes se asientan en este territorio provenientes de otros países y personas que se desplazan internamente, sino que también de quienes emigran de Chile”, sostiene Mabel Cobos, consultora del Área de Ciudadanía e Interculturalidad del Observatorio Ciudadano e integrante de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes.
Apelando a la voluntad expresada de construir un futuro intercultural y próspero entre todos, todas y todes es que esperamos que migrar sea reconocido como un derecho en la nueva Constitución.