La participación ciudadana es clave para darle legitimidad al nuevo texto constitucional y sacar el trabajo que, hasta ahora, se encuentra “encapsulado” en la Comisión Experta. Así lo plantea el codirector del Observatorio Ciudadano, Hernando Silva, en la editorial de nuestro boletín que les invitamos a leer.
El día 6 de marzo se llevaron adelante dos hitos muy relevantes para la nueva etapa del proceso constituyente que lleva adelante nuestro país: el primero, la constitución de la Comisión Experta encargada de proponer un anteproyecto que servirá de base para la discusión y redacción de la nueva propuesta Constitucional, sobre la base de la cual trabajará el Consejo Constitucional, y el segundo, la constitución del Comité Técnico de Admisibilidad, órgano encargado de revisar que las normas redactadas no contravengan las bases constitucionales establecidas en el acuerdo político que permitió la materialización de esta nueva etapa del proceso constituyente.
Ambos órganos se encuentran conformados por miembros propuestos por el Congreso, con una lógica de representación de los diversos Partidos Políticos con representación parlamentaria, sin posibilidad de que la ciudadanía pudiese conocer sus propuestas programáticas, y mucho menos participar en su proceso de elección. La distribución de las fuerzas políticas dentro de ambos órganos es bastante equilibrada, desde un punto de vista de partidista, entregando la mitad de la representación a fuerzas políticas de centro izquierda, y la otra mitad a fuerzas políticas de centro derecha, lo que obliga, en el caso de la Comisión Experta, a un fuerte proceso de diálogo y negociación política entre ambos sectores para poder avanzar en la nueva propuesta Constitucional. Tras su acto de constitución, la Comisión experta quedó presidida por Verónica Undurraga (PPD) y su vicepresidente es Sebastián Soto (Evópoli).
Para llevar adelante dicho cometido, la Comisión Experta estableció la conformación de cuatro subcomisiones temáticas que llevarán adelante propuestas en cada una de dichas áreas. Dichas subcomisiones son: subcomisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado, subcomisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos, subcomisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos, y subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.
El trabajo de la Comisión Experta no considera espacios de participación a la ciudadanía, salvo los llamados a Audiencias a diversos actores académicos y políticos que realice la misma Comisión para conocer sus impresiones respecto a las diversas temáticas que se encuentren en discusión.
Tras su conformación, la Comisión Experta ha acordado que la propuesta de nueva Constitución debería considerar una estructura de 14 capítulos[1] sobre las cuales ya se ha presentado una serie de indicaciones que buscan su ampliación y definición, junto con comenzar la discusión sobre los contenidos sustantivos que deberían se considerados dentro de cada capítulo.
Cabe hacer presente, que hasta el momento y hasta el inicio del trabajo del Consejo Constitucional, el proceso se encuentra “encapsulado” en el trabajo de la Comisión Experta, por lo cual los proceso de participación que se inicien a partir del día 7 de junio para que la ciudadanía presente sus visiones en relación a la nueva propuesta Constitucional, son claves para que el texto que surja del trabajo del Consejo Constitucional, sea representativo de los diversos sectores de nuestra sociedad y de esta forma pueda tener la legitimidad social que requiere un texto de tanta importancia, ya que sin ello, la propuesta de nueva Constitución será solo el reflejo de los acuerdos de la clase política.
Hernando Silva, codirector del Observatorio Ciudadano.
[1] Fundamentos del orden constitucional. Derechos fundamentales, libertades, garantías y deberes. Congreso Nacional. Gobierno y administración del Estado. Gobierno y administración del Estado descentralizado. Poder Judicial. Representación política y participación. Corte Constitucional. Ministerio Público. Justicia electoral y Servicio Electoral. Contraloría General de la República. Banco Central.
Procedimientos de cambio constitucional. Disposiciones transitorias.